Autor: Ezequiel Pose
En Argentina no hay negacionismo, hay influencers con banca estatal.
Y cuando una diputada nacional —con micrófono, sueldo y algoritmo— relativiza el terrorismo de Estado mientras se ríe de los vuelos de la muerte, no estamos ante un comentario desafortunado: estamos ante un evento cultural. Un momento de reflexión colectiva… si tu idea de reflexión es el equivalente político de un reel de Instagram con voz de filtro y risa grabada. Lilia Lemoine —esa diputada libertaria que parece haber confundido la historia con un libreto de stand-up— participó en un streaming donde se hicieron bromas sobre la fase final del exterminio estatal: los vuelos en los que cuerpos eran arrojados al Río de la Plata o al mar como si fueran desechos que nadie importante tenía que ver. Familias de víctimas, asociaciones de derechos humanos y movimientos de memoria no pidieron simplemente un repudio. Pidieron que el Congreso la expulse.
Porque no es una metáfora exagerada, ni “una discusión académica” sobre números o interpretaciones. Se trata de burlarse de quienes fueron secuestrados, torturados, desaparecidos y asesinados en un plan sistemático de exterminio. Eso no es humor negro; es humor rojo sangre sin anestesia. Como para que nadie se confunda, los familiares de las víctimas —entre ellos los de los 12 de la Santa Cruz, secuestrados por Alfredo Astiz— anunciaron denuncia penal por apología del terrorismo de Estado.
Lo grotesco aquí no es solamente que una legisladora banalice la tortura. Lo grotesco es que entre el paso del 2025 al 2026 —cerca de 50 años después del comienzo de esa lógica genocida en nuestro país— tengamos que redactar argumentos para recordar que los desaparecidos no son un meme. Que el horror no es una “ficción histórica” que se puede reciclar en clips de humor para streaming. Que las palabras tienen consecuencias.
Pero claro, cuando la política se vuelve espectáculo, la historia se convierte en un dato manipulable. Mientras una diputada relativiza desapariciones y torturas como si fueran chistes de bar, el Presidente de la Nación decide que el mejor presente navideño para su gabinete no sea un libro de economía aplicada, un ensayo serio sobre institucionalidad o siquiera una biografía ilustrada de Adam Smith. No. Elige regalarle el libro Defendiendo lo indefendible a sus ministros.
Sí, ese mismo título que suena a todo lo contrario de “responsabilidad política”, porque en realidad defiende actividades que la sociedad —y las leyes— han condenado por largo tiempo. ¿La tesis? Que si una acción es voluntaria entre adultos y no usa violencia física, entonces no debería ser ilegal, sin importar cuán dañina sea en la práctica. Eso incluye prostitución, narcotráfico y —como señalaron varias coberturas críticas— hasta trabajo infantil. Todo lo que tiene relacion con este gobierno.
Regalarles a tus ministros un libro cuyo título es literalmente Defendiendo lo indefendible es como si el Vaticano regalara a su clero un manual para reinterpretar el celibato según “la libertad de elección personal”. Y, por si quedara alguna duda de que no estamos ante un gesto simbólico menor, la foto oficial del gabinete posando con el libro fue publicada por la Oficina del Presidente como si se tratara de un logro de gestión más.
Milei podría argumentar que regaló ese libro como símbolo de “libertad de pensamiento” o como un mensaje ideológico para su equipo. Pero aquí entra la segunda cachetada: la ideología sin límites se vuelve nihilismo político.
Porque cuando relativizás crímenes de Estado y también legitimás actividades legalmente rechazadas bajo el pretexto de libertad pura, no estás defendiendo un principio filosófico abstracto, estás encendiendo una linterna sobre los rincones más oscuros de una doctrina que no distingue entre libertad y caos.
Y no te confundas, esto no se queda en anécdota. Este tipo de gestos —el chiste de mal gusto sobre los vuelos de la muerte, el libro provocador como regalo presidencial— se insertan en un clima cultural que erosiona la memoria colectiva y redefine qué es debatible y qué no lo es.
Y ahora, en la misma lógica de erosión democrática, aparece otro golpe institucional que no puede entenderse de manera aislada: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Milei que transforma profundamente el sistema de inteligencia argentino. Ese decreto otorga a los agentes de inteligencia la facultad de detener y arrestar personas sin necesidad de una orden judicial previa, facultad que hasta ahora estaba legalmente prohibida para esos organismos y que, según críticos constitucionales y organizaciones de derechos humanos, implica un retroceso grave de las garantías individuales básicas.
Según el texto del DNU 941/2025, publicado en el Boletín Oficial el 31 de diciembre de 2025, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) podrá proceder a la aprehensión de personas en el marco de actividades de inteligencia sin intervención judicial previa, siempre que exista una situación de flagrancia o en desarrollo de actividades encubiertas. Esto no sólo redefine el papel tradicional de los servicios de inteligencia —típicamente orientados a la obtención de información— sino que configura a sus agentes como una fuerza con capacidades de detención discrecional.
Críticos de la medida la califican de creación de una “policía secreta” con poder operático similar a grupos parapoliciales, alertando que viola principios constitucionales básicos, usurpa funciones judiciales y coloca el control de detenciones en manos del Ejecutivo, sin contrapesos ni debate legislativo.
Organizaciones gremiales como ATE han advertido que esta ampliación de poderes define un nuevo esquema en el que se “restringen derechos y garantías constitucionales fundamentales” y plantea la posibilidad de persecución política, sindical o social bajo la cobertura de “inteligencia”.
La oposición política, constitucionalistas y organizaciones de derechos humanos han reclamado que el Congreso rechace el DNU y exijan que cualquier reforma de estas características sea discutida mediante ley, con debate público y plenos controles institucionales.
Esto no es un detalle técnico, es parte de una tendencia más amplia que normaliza el debilitamiento de los límites institucionales, donde la memoria histórica, las libertades civiles y las garantías de la democracia quedan supeditadas a una concepción de la libertad que, en la práctica, puede significar ausencia de control y concentración de poder.
El DNU que habilita a los organismos de inteligencia a detener personas sin orden judicial no es solo una decisión polémica, es abiertamente inconstitucional.
Vulnera de manera directa el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que nadie puede ser arrestado sin orden escrita de autoridad judicial competente. Ningún organismo de inteligencia puede reemplazar al Poder Judicial sin romper el Estado de Derecho.
Además, el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar garantías básicas resulta ilegal según el artículo 99 inciso 3, que prohíbe legislar por decreto en materia penal y de derechos fundamentales. La libertad ambulatoria no es un asunto administrativo ni una urgencia operativa, es un derecho humano.
El decreto también viola tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), como la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige control judicial previo o inmediato para toda privación de la libertad. Al eliminar ese control, la detención se vuelve discrecional.
En términos simples el DNU concentra poder coercitivo en el Ejecutivo, borra el límite judicial y habilita una lógica de excepción permanente. En Argentina, eso no es eficiencia, es una señal de alarma histórica.
Como si todo esto no alcanzara, el propio Presidente terminó de cerrar el círculo con sus declaraciones públicas avalando el secuestro de Nicolás Maduro, celebrando una incursión extranjera de Estados Unidos en la región y relativizando el principio de no intervención. No se trata de exabruptos retóricos: son definiciones políticas que rompen consensos básicos del derecho internacional y de la tradición democrática latinoamericana.
Cuando un jefe de Estado legitima la idea de capturas extraterritoriales, operaciones encubiertas y acciones directas de una potencia extranjera sobre gobiernos de la región, está normalizando una lógica que América Latina ya conoció demasiado bien. Esa lógica de coordinación represiva, inteligencia sin fronteras y soberanía subordinada fue conocida en los años setenta como Plan Cóndor.
La analogía no es antojadiza ni exagerada. El Plan Cóndor no fue solo una red de dictaduras; fue un sistema de cooperación internacional en inteligencia, secuestro, persecución y desaparición, legitimado bajo el discurso de la “seguridad” y la “lucha contra el enemigo interno”. Hoy el enemigo cambia de nombre, el lenguaje se aggiorna y los métodos se presentan como modernos, pero el principio es el mismo, la suspensión de límites jurídicos en nombre de un orden superior.
En ese marco, un DNU que habilita detenciones sin orden judicial, un discurso que relativiza el terrorismo de Estado y un Presidente que avala secuestros y operaciones extranjeras no son hechos aislados. Son piezas de una misma matriz, la rehabilitación de una cultura política donde el derecho es un obstáculo, la soberanía es negociable y la excepcionalidad se vuelve norma.
La historia argentina y latinoamericana demuestra que cuando la inteligencia deja de tener fronteras legales y el poder celebra la captura sin jueces, los cuerpos siempre aparecen después. Nunca es una metáfora. Nunca es solo retórica. Hace décadas que discutimos memoria, verdad y justicia en Argentina. Hace décadas que el movimiento de derechos humanos exige que “Nunca Más” sea algo más que una consigna de cartón. Hace décadas que explicamos que los vuelos de la muerte no fueron un accidente, ni una metáfora, ni un episodio marginado de la historia nacional.
Y ahora nos encontramos con políticos que, con el mismo gesto, ponen al pasado al mismo nivel que un libro de filosofía libertaria que justifica lo injustificable. Es como si el sentido común se hubiera jubilado anticipadamente y hubiéramos convertido a la barbarie en una categoría legítima de debate político.
Esto no es una casualidad, esto es un proyecto.
Un proyecto para descolgar a la historia de su peso ético y convertirla en versión libre, remix, parodia y souvenir ideológico. Un proyecto donde la brutalidad del pasado se relativiza en un stream y la brutalidad del presente se glorifica con un manual filosófico.
Entre 1974 y 1982 no hubo exceso de pasión política. Hubo centros clandestinos, listas negras, maternidades clandestinas, apropiación sistemática de bebés, vuelos de la muerte y desapariciones forzadas. Hubo un Estado que decidió que ciertos cuerpos eran descartables. Y eso no se vuelve menos atroz porque alguien lo diga sonriendo frente a una cámara.
Lo verdaderamente inquietante es que estos discursos no chocan contra un muro ético. Rebotan, circulan, se comentan, se comparten. El algoritmo no distingue entre un video de gatitos y una burla sobre el exterminio. Ambos rinden.
Y mientras tanto, el poder político legitima el clima. No lo frena. No lo condena. Lo acompaña. Ese es el hilo que une la burla sobre los vuelos de la muerte con la defensa de lo indefendible, la disolución del límite. Cuando no hay límites, no hay escándalo. Solo hay ruido y el ruido es funcional.
La Argentina no está discutiendo historia y ahora sumamos a América Latina en esta idea de discutir si vale la pena recordar. La cachetada final no viene de Lemoine, ni de Milei, ni de ningún libro provocador.
Viene del espejo.
La pregunta no es quien esta más equivocado. La pregunta es qué tipo de sociedad necesita reírse de todo lo que estamos comentando. Cuando el terrorismo de Estado se vuelve material humorístico, el problema es el público, es el silencio, es la normalización.
Hoy el mensaje se repite, pero en versión siglo XXI: hay memorias que sobran. El problema no es que digan barbaridades, el problema es que ya no nos duela escucharlas. No estamos discutiendo historia, estamos decidiendo qué tan bajo estamos dispuestos a caer sin sentir vergüenza.