Autor: Ezequiel Pose
Argentina discute reformas estructurales con el nivel de profundidad de un hilo de Twitter. Y cuando la discusión se pone densa, aparecen los traductores simultáneos del prime time para explicarnos que todo es muy simple: menos derechos = más empleo; más castigo = menos delito; protesta = caos.
Ayer el Senado de la Nación Argentina avanzó con la reforma laboral y la Cámara de Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad.
Y en las inmediaciones del Congreso hubo disturbios que activaron el protocolo favorito de ciertos estudios televisivos: dramatización sin contexto.
Vamos a lo concreto.
La informalidad laboral en Argentina ronda el 35–40% según sectores y períodos. Ese es el problema real. No el “costo emocional” de despedir.
La reforma introduce:
-Extensión o redefinición del período de prueba
-Cambios en el esquema indemnizatorio
-Incentivos para blanqueo con reducción de multas
-Modificaciones en responsabilidades solidarias
La narrativa dominante en espacios como los conducidos por Eduardo Feinmann o Luis Majul suele girar en torno a una idea reiterada: “Argentina espanta inversiones por su rigidez laboral”. Es una hipótesis discutible, no una verdad revelada.
Datos comparados muestran que países con alta productividad y fuerte protección laboral —Alemania, Francia, Canadá— no colapsan por tener derechos laborales robustos. La clave está en productividad, estabilidad macroeconómica y reglas claras, no exclusivamente en el costo de despido.
Cuando Esteban Trebucq habla del “modelo que premia al que no trabaja”, simplifica un fenómeno complejo. La tasa de empleo formal no depende sólo de incentivos individuales, sino del entramado productivo.
¿Puede la reforma aliviar a pymes? Posiblemente.
¿Puede mejorar ciertos indicadores de formalización? Tal vez.
¿Genera por sí sola crecimiento sostenido? No hay evidencia que lo garantice.
El problema es que el debate mediático reemplaza análisis por consigna. Se presenta cualquier matiz como defensa corporativa.
Cruces para quien mencione productividad.
Flores para quien diga “basta de industria del juicio” sin datos.
La participación de menores en delitos graves representa un porcentaje reducido del total de hechos delictivos. Esto no niega el drama de cada caso, pero sí desarma la idea de epidemia juvenil. En programas de Jonatan Viale o Pablo Rossi se repite una estructura discursiva clara: caso extremo → generalización → demanda de endurecimiento.
La evidencia internacional indica que: 1) El encarcelamiento temprano aumenta la probabilidad de reincidencia; 2) Los sistemas de justicia juvenil con abordaje socioeducativo reducen trayectorias delictivas; y 3) La exclusión escolar y laboral es un predictor fuerte de criminalidad juvenil.
Reducir la edad puede tener coherencia punitiva. Pero sin inversión paralela en dispositivos de contención, es un parche simbólico.
Cuando se dice “a los 14 ya saben lo que hacen” o “si tienen edad para votar, tienen edad para cumplir condena”, se omite que la imputabilidad no es sólo cognición moral; es política criminal integral.
Las imágenes de enfrentamientos frente al Congreso ocuparon horas de aire. En pantallas como La Nación+ o TN el foco estuvo puesto —casi exclusivamente— en la violencia.
La violencia es repudiable. Punto.
Pero cuando la cobertura reduce todo a fuego y sirenas, se invisibiliza el contenido del debate legislativo. El conflicto se vuelve espectáculo y el proyecto votado, nota al pie.
Hay un patrón reconocible: Si la protesta es contra un gobierno gobierno ideológicamente distante del medio, es “rebelión cívica”. Si es contra uno más cercano, es “ataque a la República”.
La coherencia editorial suele tener geometría variable como la libertad de prensa, depende de quién maneje la tinta. No se trata de ideología, se trata de profundidad.
El debate laboral requiere análisis económico serio.
El debate penal requiere criminología comparada.
El debate sobre protesta requiere teoría democrática y derecho constitucional.
Pero la indignación vende más que la evidencia. Y así se consolida un ecosistema donde disentir es sospechoso y complejizar es casi un acto subversivo.
Argentina no necesita periodistas que actúen como fiscales morales permanentes. Necesita mediadores informados.
La reforma laboral no es el Apocalipsis ni la panacea.
La baja de imputabilidad no es fascismo automático ni solución mágica.
Los disturbios no son revolución ni simple anécdota.
Pero la banalización sistemática del debate sí erosiona la calidad democrática. Lejos del sometimiento, queremos estar cuerdos. Sin tantas cruces ni flores.