Autor: Ezequiel Pose
Lo que debía ser el cumplimiento institucional del artículo 99 inciso 8 de la Constitución Nacional —dar cuenta del estado de la Nación— terminó siendo una pieza de confrontación política cargada de descalificaciones, ironías agresivas y una narrativa de éxito absoluto difícil de conciliar con la realidad social que atraviesa el país.
El presidente Javier Milei no eligió la moderación ni el diagnóstico técnico. Eligió la guerra discursiva.
No fueron simples críticas, fueron agravios directos. Durante su alocución, Milei volvió a utilizar expresiones como “manga de ladrones”, “degenerados fiscales”, “ignorantes”, “empobrecedores”, “casta inmunda”, dirigidas a sectores de la oposición política y al Congreso en general.
En el contexto de una sesión ordinaria de apertura legislativa, esas expresiones no son anecdóticas. Marcan un estilo de conducción. Un presidente puede cuestionar políticas, denunciar corrupción, debatir ideas. Pero cuando convierte el recinto parlamentario en un escenario de descalificación sistemática, el mensaje institucional es otro: la política no es deliberación, es combate.
El problema no es el tono fuerte sino la degradación del rol republicano.
Si algo terminó de convertir la sesión en un episodio incómodo fue la dinámica de los cruces en tiempo real con legisladores opositores. No se trató únicamente de frases altisonantes incluidas en el discurso escrito. Hubo interacción directa, provocación gestual, respuestas desde las bancas y un clima que por momentos rozó la descomposición institucional.
En una apertura de sesiones, el Presidente no debate: informa. No polemiza: rinde cuentas. Esa es la tradición republicana. Cuando el jefe de Estado utiliza ese momento para provocar reacciones y luego responde desde el atril con ironías o descalificaciones, transforma el acto en espectáculo.
Desde un punto de vista critico, esto no es espontáneo. Es método. Milei construye liderazgo a partir de la confrontación permanente. Su capital simbólico nació en la antipolítica, en la denuncia frontal contra “la casta”. El problema es que una vez en el poder, ese mismo recurso que lo catapultó electoralmente empieza a tensionar la gobernabilidad.
Los insultos —“manga de ladrones”, “casta inmunda”, “degenerados fiscales”, “ignorantes”, “empobrecedores”— no solo buscan desacreditar al adversario. Cumplen una función narrativa: dividir el escenario entre puros e impuros, entre quienes “salvan la patria” y quienes “la destruyeron”. Es una lógica binaria que simplifica la complejidad democrática.
El papelón no radica solo en el agravio verbal. Radica en el contexto. Un presidente puede ser duro en un acto partidario. Puede ser irónico en una entrevista. Pero en el recinto del Congreso, frente a la Asamblea Legislativa, el rol es otro. Allí representa a la totalidad del país, no solo a su electorado.
Cuando desde las bancas opositoras surgieron murmullos o expresiones de disconformidad, la respuesta presidencial no fue ignorar la interrupción y continuar con la exposición institucional. Fue redoblar la apuesta. En términos políticos, eso refuerza la identidad del núcleo duro, pero erosiona la posibilidad de diálogo con sectores intermedios.
Hay un elemento adicional: la asimetría de poder. No es lo mismo un legislador que critica al Presidente que el Presidente que señala individualmente a legisladores. El jefe del Ejecutivo concentra poder político, recursos estatales y centralidad mediática. Cuando utiliza ese poder para exponer o ridiculizar adversarios en un acto institucional, la balanza no es equilibrada.
La naturalización del insulto como herramienta política legítima empobrece el debate público. Cuando el Presidente insulta, habilita culturalmente el insulto descendente en toda la cadena política. La deliberación se convierte en intercambio de agravios. La ciudadanía se acostumbra a que la política sea grito y no argumento.
Desde la teoría democrática, el pluralismo implica reconocer la legitimidad del adversario. No compartir su proyecto, pero aceptar su representación. Cuando el adversario es sistemáticamente descalificado en términos morales —no solo políticos— se erosiona ese reconocimiento básico.
El espectáculo de tensión permanente tiene además un efecto externo: proyecta inestabilidad. Los actores económicos observan no solo las variables macro, sino el clima político. Un presidente enfrentado de manera constante con el Congreso transmite fragilidad institucional, incluso si logra aprobar medidas.
El acto tuvo momentos en los que el recinto parecía más un debate televisivo que una Asamblea Legislativa. Gestos, risas irónicas, miradas desafiantes, respuestas cruzadas. Desde el punto de vista comunicacional puede ser efectivo. Desde el punto de vista republicano es un retroceso.
La democracia no exige cordialidad artificial. Pero sí exige límites. El límite es el respeto institucional. Cuando ese límite se cruza reiteradamente, el deterioro no es inmediato, pero se acumula.
El Gobierno sostiene que logró una desaceleración inflacionaria significativa. Es cierto que, tras los picos que superaron el 25% mensual en el inicio de la gestión, la inflación mensual bajó en los meses posteriores. También es cierto que el superávit fiscal primario fue exhibido como logro central.
Pero la foto macroeconómica no refleja necesariamente el cuadro social.
El salario real acumuló una fuerte caída durante el ajuste inicial pese a que el presidente insista en que el sueldo en dólares se triplicó. Quizás ese 3 es de Karina. Jubilaciones y haberes públicos sufrieron pérdida de poder adquisitivo. El consumo masivo mostró retracciones interanuales importantes durante buena parte del año pasado. Sectores industriales operaron con capacidad ociosa creciente. La construcción registró una de las caídas más pronunciadas en años.
La pobreza, que ya venía en niveles críticos, se disparó en los primeros meses del programa de shock y aún no logró una recomposición estructural significativa, teniendo en cuenta que según análisis recientes una familia necesita más de 2 millones de pesos para no ser pobre o ultra pobre en muchos casos.
El Presidente habló como si el sacrificio ya hubiese sido superado y el crecimiento fuese inminente. Sin embargo, la economía real —la del comerciante, el trabajador formal, el profesional independiente— sigue mostrando fragilidad.
Uno de los momentos más llamativos fue el clima entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Las tensiones acumuladas en los últimos meses quedaron expuestas en gestos, silencios y referencias indirectas.
Milei hizo alusiones que muchos interpretaron como mensajes hacia sectores internos del propio espacio, marcando diferencias conceptuales y estratégicas. No hubo confrontación explícita, pero sí distancia. La vicepresidenta mantuvo una actitud formal, protocolar, sin el entusiasmo visible de otros momentos. La escena fue fría. Mecánica. Sin complicidad política. Tan es así que hubo un saludo frío, pecheada a Karina (si entra el VAR cobran penal) y que evidentemente Victoria Villarruel tenía algo más interesante que hacer con el celular.
En un sistema presidencialista con fórmula compartida, la cohesión del binomio es un activo de estabilidad. Cuando esa cohesión se resquebraja públicamente, el impacto no es menor.
Otro dato político fue la escasa convocatoria popular en las inmediaciones del Congreso. No hubo una movilización masiva que acompañara el relato épico del Presidente. La escena contrastó con otros momentos históricos donde los liderazgos fuertes lograron demostraciones callejeras contundentes.
La legitimidad electoral es indiscutible. Pero la legitimidad política cotidiana se construye también en el acompañamiento social activo.
La mística no se decreta.
El Presidente insistió con la reducción de la edad de imputabilidad penal como eje central de su política de seguridad. Es una propuesta que genera fuerte adhesión emocional, pero cuya eficacia estructural es discutida por expertos en criminología.
Las estadísticas muestran que el delito juvenil representa un porcentaje relativamente bajo del total de delitos graves. Endurecer penas no necesariamente reduce tasas delictivas si no se aborda la exclusión social, la deserción escolar y la falta de oportunidades.
La respuesta punitiva puede ser políticamente rentable. Pero no reemplaza una política integral.
El discurso construyó una Argentina que ya habría dejado atrás el caos y estaría ingresando en una nueva era de prosperidad liberal. Sin embargo, el humor social refleja otra cosa: incertidumbre, fatiga económica, temor por el empleo y tensión en sectores medios.
No se trata de negar avances macroeconómicos. Se trata de no convertirlos en épica absoluta mientras la base social aún no siente mejora concreta.
Cuando el relato oficial ignora la experiencia cotidiana, aparece la sensación de realidad paralela.
La democracia no se erosiona con un solo discurso. Se erosiona cuando el agravio reemplaza al argumento, cuando la excepcionalidad se vuelve método y cuando el adversario político deja de ser legítimo para convertirse en enemigo moral.
La Argentina atraviesa un momento delicado. El ajuste económico puede ser materia de debate técnico. Pero el deterioro del clima institucional es un problema más profundo.
Un Presidente puede ser disruptivo. Puede ser frontal. Puede romper moldes. Pero no puede romper la arquitectura republicana sin consecuencias.
La apertura de sesiones debió ser un puente hacia consensos mínimos. Fue, en cambio, una reafirmación de la trinchera.
Y gobernar desde la trinchera, en un país exhausto, es una apuesta de alto riesgo.