Autor: Ezequiel Pose
Hay algo poéticamente brutal en que el Senado de la Nación trate el mismo día la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral. No es una coincidencia administrativa, es coherencia ideológica.
El combo es quirúrgico:
A los de 14 años se los quiere imputables.
A los de 40, más flexibles.
A los grandes grupos económicos, comprensivos.
El gobierno de Javier Milei no está improvisando, está aplicando una matriz conocida: Estado mínimo para derechos sociales, Estado máximo para castigo penal. Libertad irrestricta para el capital; disciplina intensiva para el resto. Y no, no hace falta ser comunista para decirlo. Basta con leer los proyectos.
Bajar la edad de imputabilidad a 14 años se vende como “sentido común”. El problema es que el sentido común suele ser la versión emocional de la estadística.
Los delitos cometidos por menores de 16 representan una fracción reducida del total de delitos graves según datos oficiales del sistema penal juvenil. Pero en televisión ocupan el horario central. El pibe armado garpa rating; el pibe excluido no.
Organismos como UNICEF vienen sosteniendo que encarcelar adolescentes no reduce la reincidencia y consolida trayectorias delictivas. La evidencia internacional es consistente: los modelos socioeducativos tienen mejores resultados que los punitivos duros.
En Noruega o Alemania el enfoque juvenil prioriza reinserción y acompañamiento. Resultado: tasas de reincidencia significativamente menores que en modelos altamente represivos.
En cambio, el esquema más duro como el de Estados Unidos tiene encarcelamiento juvenil elevado y reincidencia persistente. Mucha celda, poco milagro.
Pero el proyecto argentino no está orientado a la evidencia. Está orientado al mensaje político. Es un gesto simbólico: “estamos haciendo algo”. Aunque ese “algo” sea caro, ineficiente y socialmente contraproducente.
Porque hay una pregunta incómoda: si el Estado ajusta educación, políticas sociales y programas de inclusión, ¿de verdad la solución es ampliar el sistema penal juvenil? Es como cerrar escuelas y después sorprenderse porque hay chicos en la calle.
Mientras se discute el destino penal de adolescentes, también se debate la reforma laboral.
Extensión de jornada hasta 12 horas con banco de horas.
Reducción de costos de despido.
Debilitamiento de convenios colectivos.
Limitaciones al derecho a huelga.
Menor peso de la justicia laboral.
Todo en nombre de la “modernización”.
El argumento es clásico: flexibilizar genera empleo. El problema es que el empleo no nace de la nada. Depende de inversión y actividad económica. Y Argentina viene de un año recesivo con caída del empleo formal según datos oficiales del sistema previsional.
Reducir indemnizaciones en una economía que no crece no crea trabajo; crea empleos más débiles. Más baratos. Más inestables. La experiencia comparada tampoco es el paraíso prometido.
En España, la reforma de 2012 flexibilizó el mercado laboral. Con el tiempo bajó el desempleo, pero se disparó la temporalidad y los salarios perdieron poder real durante años. En Chile, la flexibilización no resolvió desigualdades estructurales y alimentó tensiones que explotaron socialmente. Pero acá se presenta como si estuviéramos descubriendo la rueda. La ironía es que, mientras se debilita la negociación colectiva, se habla de libertad. Como si la libertad de negociar individualmente frente a una empresa enorme fuera exactamente simétrica.
Argentina construyó durante el siglo XX un modelo de constitucionalismo social donde el trabajo y la protección a la niñez tenían centralidad jurídica. Lo que hoy se discute es un giro hacia un esquema donde el Estado interviene menos para proteger y más para sancionar.
Además, la evidencia internacional muestra que la seguridad sostenible está asociada a educación, inclusión y empleo estable. No a punitivismo mediático.
El combo puede producir exactamente lo contrario de lo que promete:
Más exclusión juvenil.
Más precariedad laboral.
Más desigualdad estructural.
Más conflictividad social.
Y lo más irónico es que todo eso también afecta la estabilidad macroeconómica que el propio gobierno dice querer consolidar. Un país que endurece el castigo y flexibiliza el trabajo al mismo tiempo no está ampliando libertades, está redistribuyendo poder.
Y lo más inquietante no es la retórica incendiaria del presidente. Es la naturalización cultural de que los derechos laborales son privilegios y que los adolescentes pobres son amenazas potenciales. Eso sí es una reforma profunda. Una reforma del imaginario social.
No hace falta militar en el Partido Comunista para advertir que este combo legislativo consolida asimetrías.
No hace falta ser trotskista para entender que cuando el ajuste siempre cae en los mismos sectores, no es azar: es estructura.
Lo que se vota no es solo una edad penal o un régimen de indemnizaciones. Se vota un modelo de país.
Uno donde el margen de error para el vulnerable es castigo y el margen de riesgo para el fuerte es incentivo.
Eso no es libertad plena, es libertad selectiva con excelente departamento de marketing.