Autor: Christian Castillo
Esta semana comenzó el juicio oral al presidente, acusado de intento de golpe de estado cuando procuró infructuosamente disolver el congreso a fines de 2022, una asamblea legislativa cuyos integrantes dieron sobradas pruebas de su inmoralidad e incapacidad, estando plagado de fujimoristas corruptos. La Suprema Corte peruana lo anunció en X, mientras sus antepasados incas se estremecían en sus tumbas: “Está comenzando la audiencia contra el presidente #PedroCastillo y seis otros acusados de rebelión y otros crímenes”.
La Cámara Especial del Crimen está celebrando el evento en la penitenciaría de Barbadillo, en Lima, donde el presidente está siendo ilegalmente detenido. También fueron acusados de rebelión el ex ministro del interior Willy Huerta, y tres miembros de la Policía Nacional: Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzon.
El caso de Castillo es arquetípico del lawfare sudamericano, y tiene su correlato con los procesos padecidos por Cristina Kirchner en Argentina o Rafael Correa en Ecuador; se trata de inmundicias jurídicas orquestadas desde Washington, siendo fácilmente rastreables sus orígenes espurios, y la obvia inocencia de todos los imputados.
Castillo ya había sorteado dos votaciones de censura y destitución en su contra de los diputados y senadores representantes de la oligarquía peruana. Se sometió al juicio y postura de energúmenos corruptos declarados admiradores de la derecha global que los gobierna ahora de la mano de la que era su vice, la títere Boluarte. El, un honesto y sabio profesor de escuela rural devenido en presidente no podía tolerar las fanfarronadas de esos leguleyos copetudos. Castillo también pretendía, en su misma idea, convocar a nuevas elecciones.
Por eso pidió apoyo a los militares para cerrar lo que veía como un antro de perdición -el Congreso-, pero en vez de lograr su objetivo fue rápidamente depuesto y arrestado. La remoción de Castillo, el primer presidente indígena de Perú, despertó grandes protestas en las que los militares y policías dirigidos por Boluarte asesinaron a 50 seguidores de Castillo.
El gobierno de Boluarte ha construido alianzas con la peor escoria del sistema político peruano, en lo que se puede considerar una caquistocracia de alta intensidad. Castillo había vencido noblemente en 2021 al establishment, prometía una revolución sin la violencia de Sendero Luminoso, y por eso lo castigaron y les gustaría descuartizarlo como a Tupac Amaru.
Castillo se negó a hablar en el juicio, publicó una carta donde dice que está secuestrado en Barbadillo y califica al proceso judicial en su contra como una “farsa” más absurda que las utilizadas para encarcelar a dirigentes ambientalistas o antiimperialistas que pueblan las cárceles peruanas. En su carta niega todos los cargos, y explica que lo único que hizo fue “expresar los deseos del pueblo en un discurso”.
Castillo llegó a la audiencia media hora tarde y sin abogado, desdeñando la magistralidad de sus jueces, y avisándoles con sus gestos que los sabe cómplices de la porquería en la que están envueltos. Por eso le asignaron un defensor público. El los conoce porque se reunió con ellos antes de asumir y desde que los vio supo que eran una yunta de degenerados traidores a la patria.
A Castillo también le armaron una causa por corrupción, acusándolo de promover irregularmente a militares y eludir prácticas públicas de contratación para realizar un puente. El y sus seguidores dicen que siempre entorpecieron sus iniciativas con prácticas mafiosas y nunca pudo disponer de la gerencia o conducción del estado peruano, cooptado por conservadores de toda laya.
La remoción de Castillo afectó las relaciones de Perú con Colombia y México, donde hay gobiernos muy afines a las propuestas del maestro rural incaico. Allí debió refugiarse su familia para huir del acoso de los trolls y matones de la que ya se puede considerar dictadura de Boluarte.
Gustavo Petro, presidente colombiano y aliado, escribió en X que Castillo está siendo juzgado porque “es pobre y de izquierda”. Petro agregó que las autoridades peruanas se están burlando de sus votantes. Más allá de que le ofrecieron apoyo prestigiosos juristas latinoamericanos, Castillo se empaca solo en su defensa. Los fiscales pidieron una sentencia de 34 años de prisión, en lo que es otra muestra de la desmesura y obscenidad del lawfare ejecutado en Barbadillo, en cuyas afueras se juntó un grupo de peruanos admiradores de Castillo, advertidos de la injusticia criminal que está perpetrando la Corte peruana.