Autor: Choi Sang-mok
El jefe de seguridad del presidente Yoon Suk Yeol, bajo investigación por impedir el arresto de Yoon, acaba de renunciar y advirtió que los esfuerzos por detener al presidente en proceso de destitución deberán evitar el derramamiento de sangre.
La ley marcial decretada por Yoon tuvo menos vigencia que la de De la Rúa en Argentina en 2001, y mucha menos duración, en “una de las democracias más vibrantes de Asia” (como la califican los medios occidentales en estilo británico imperialista), en un período de turbulencias políticas sin precedentes.
Mientras la Corte Suprema de allá revisa si es apropiado el juicio político –o impeachment– a Yoon, el presidente se instaló en su residencia que remeda a las mansiones hollywoodenses ahora en medio de un fuego infernal, y a la vez es sometido a diversas investigaciones criminales por posible insurrección.
Los fiscales que fueron a buscarlo a su mansión para llevarlo a una sala de interrogatorios fueron detenidos por la guardia presidencial, encabezada por el renunciante Park Chong-jun. Los investigadores sostienen que tienen una orden de arresto y que están decididos a detenerlo para someterlo a los cuestionarios correspondientes a sus causas.
Park es un policía que llevó en la mano su renuncia al Departamento Central de Seúl, donde les dijo a los periodistas que el intento de arresto al presidente estuvo mal “y que no debería haber enfrentamientos físicos ni disparos bajo ninguna circunstancia”. El presidente en ejercicio, Choi Sang-mok, que ya cumplió dos semanas en el cargo, propuso una nueva estrategia para resolver la disputa entre los fiscales y el cuerpo de seguridad de Yoon. Mandó una ley al parlamento para elegir a un fiscal especial, habiendo vetado el propuesto por la oposición, arguyendo que no garantaizaba la independencia de la persona designada para dirigir la investigación.
La Oficina Anticorrupción surcoreana se encuentra trabada y no puede indagar al presidente, mientras su equipo de seguridad se adiestra con armas de última generación recién entregadas por Estados Unidos para la guerra con los vecinos del norte. Y es que los abogados de Yoon continúan aduciendo que las órdenes de arresto son ilegales e inválidas. En todo caso, los abogados demostraron confianza en la sentencia de la Corte, y manifestaron que son muy amigos del presidente y no le van a fallar.
Mientras Yoon espera que se expida el tribunal, las encuestas más recientes muestran que su partido, el PPP, se ha recuperado y ya hubo marchas en su apoyo para evitar su destitución. Los analistas dijeron que la prolongada incertidumbre sobre el destino de Yoon no sólo envalentona a sus seguidores sino que aplaca al líder del liberal Partido Democrático, quien también tiene un montón de juicios pendientes ante la Oficina Anticorrupción y la Corte Suprema. Todos vericuetos muy conocidos por quienes han transitado cualquier tribunal del mundo y conocen perfectamente lo que es el armado mafioso y corrupto de causas judiciales, que es lawfare cuando es guiado o instado desde Washington.