Autor: Karim Boujan
El director de la Policía Nacional de El Salvador; Mauricio Arriaza, y un hombre arrestado por malversar millones de dólares, murieron cuando el helicóptero militar en el que viajaban se estrelló ayer a la noche, informó un vocero del gobierno bukeleano. Otras siete personas también murieron en el accidente acaecido en el distrito de Pasaquina, al sur del país, cerca de la frontera con Honduras.
Arriaza estaba escoltando al ex director de una cooperativa de crédito, Manuel Coto, hasta San Salvador, para mostrar el carácter expeditivo e hiperactivo de las autoridades gubernamentales. Coto, acusado de malversar 35 millones, había sido arrestado el domingo en Honduras, luego de intentar volar a Estados Unidos. De inmediato los hondureños lo entregaron a la policía salvadoreña, a pesar de la pica futbolística entre los países centroamericanos, que mereció una lucida crónica de Ryszard Kapuściński. De los restantes siete muertos, tres eran oficiales de policía, tres eran penitenciarios y un funcionario del Ministerio de Justicia, según revelaron fuentes militares y del ministerio, quienes no ofrecieron detalles sobre el accidente ni especularon sobre sus posibles causas.
Por supuesto, el presidente Nayib Bukele arengó desde su tribuna habitual, la red social de su poderoso amigo Elon Musk: “Lo que ocurrió no puede quedar como un simple ‘accidente’. Debe ser investigado a fondo y hasta el final”. Luego elogió a Arriaza por su contribución a la seguridad nacional y su participación en varias razzias y operativos memorables donde tuvieron que matar a algún que otro inocente, y por supuesto arrestar a unos cuantos.
Bukele designó a Arriaza en 2019 para conducir la Policía Nacional. El fue quien dirigió el plan para acabar con las famosas pandillas de los ‘maras’ ayudando a bajar la tasa de homicidios del país salvadoreño. Sin embargo, sus intervenciones suscitaron muchas críticas por parte de organismos de derechos humanos, quienes ofrecen pruebas de la arbitrariedad de los arrestos y de los crímenes perpetrados por las fuerzas policiales.
En 2022, Human Rights Watch inició una campaña para que países de Occidente impongan sanciones y congelen los activos de altos mandos salvadoreños, entre los que se hallaba el extinto Arriaza, aduciendo que mientras él estuvo al frente de la policía nacional “ha sido responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos”.
William Duncan, embajador de Estados Unidos en El Salvador, también escribió en la plataforma preferida de los políticos: “Estados Unidos envía sus condolencias a las familias, a la policía, al gobierno y a todos los salvadoreños por esta terrible tragedia”.
Ahora muchos salvadoreños escépticos comienzan a creer que hubo algo de justicia poética en el desastre del helicóptero. Que Coto tenía lazos con plataformas del gobierno que lo ayudaron a malversar esos dólares, para convertirlos en bitcoins y fugarlos a cuentas personales, libres de impuestos y de las agencias fiscales de pesquisa. Se comenta incluso que este Coto es pariente del empresario argentino Coto, dueño de una importante cadena de supermercados, y se murmura que el modelo de seguridad del presidente “más cool del mundo mundial” falló a pesar de la tecnología provista por sus sponsors de la extrema derecha estadounidense.