Autor: Katmandú Moreira
(Agencia Sputnik TV) La empresa petrolera brasileña comenzó a operar en Uruguay en 2004, cuando adquirió el 55% de las acciones de la empresa Conecta S.A., dedicada a la distribución de gas natural para varias ciudades uruguayas. En 2006 extendió su servicio a la capital, al comprar el 66% del capital accionario de la compañía Montevideo Gas. En 2011, aumentó su participación al 100% de la empresa. De esta manera, la empresa brasileña se convirtió en el único concesionario para la distribución de gas por cañería, con un contrato que vencerá en 2025. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y el propio sindicato de trabajadores de la empresa, la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas), comenzó a denunciar incumplimientos en el contrato de concesión e incluso la pérdida de miles de clientes en la capital uruguaya.
El conflicto entre la compañía y los trabajadores se agravó en los últimos años, cuando Montevideo Gas anunció la desafectación de varios empleados. Tras varios paros, y sin avances en las negociaciones, tres empleados iniciaron en 2018 una huelga de hambre que se extendió durante 25 días. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo para el reintegro de una veintena de trabajadores y la medida quedó sin efecto. Sin embargo, la situación volvió a tensarse en marzo de 2019, cuando los trabajadores anunciaron que ocuparían la planta que la empresa tiene en Montevideo para comenzar a operar en régimen de “control obrero”.
La empresa rechazó esta posibilidad y recurrió a la Justicia, que determinó que la medida no era legítima y que los trabajadores no podían “obstaculizar el ingreso y egreso de otros trabajadores e integrantes de la empresa al lugar donde se desarrollan las tareas”.
La Justicia también ordenó al sindicato “abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero”. A pesar de la resolución judicial, los trabajadores anunciaron que continuarían la ocupación. El 25 de abril, el sindicato mantuvo el ‘control obrero’ durante más de 12 horas. Finalmente, y ya con efectivos policiales en el lugar, accedió a desocupar la planta, aunque con el inicio de una huelga de hambre confirmada para este lunes.
El conflicto en la compañía del gas uruguaya puso en debate el ‘control obrero’ en un país en el que la toma de lugares de trabajo por parte de los sindicatos está regulada desde 2006. En efecto, un decreto de ese año firmado por el presidente Tabaré Vázquez durante su primer Gobierno (2005-2010) estableció que “la ocupación parcial o total de los lugares de trabajo, en cuanto modalidad de ejercicio del derecho de huelga, deberá realizarse en forma pacífica”. La normativa dispone, en ese marco, una serie de pasos que los sindicatos deben cumplir para que la medida sea legítima. Entre ellas, “prevenir daños en las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la empresa o de terceros”. El decreto dispuso expresamente, además, que “los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país”.
A raíz del conflicto en la compañía del gas, el ministro de Trabajo uruguayo, Ernesto Murro, aclaró que el Poder Ejecutivo no permitiría el ‘control obrero’ de la planta, dado que el decreto sobre las ocupaciones “es muy claro en cuanto a la diferenciación entre una ocupación y un control obrero”. El secretario de Estado afirmó, además, que esa normativa “nunca ha sido cuestionada por el movimiento sindical” uruguayo.
Para la Uaoegas, el ‘control obrero’ se justificaba en este caso porque “hay sobradas pruebas de que Petrobras se quiere retirar de la concesión” y el servicio “va a quedar destruido”, según explicitó el sindicato en declaraciones públicas.
La normativa uruguaya dispone, en ese marco, una serie de pasos que los sindicatos deben cumplir para que la medida sea legítima. Entre ellas, “prevenir daños en las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la empresa o de terceros”.
El decreto dispuso expresamente, además, que “los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país”.
A raíz del conflicto en la compañía del gas, el ministro de Trabajo uruguayo, Ernesto Murro, aclaró que el Poder Ejecutivo no permitiría el ‘control obrero’ de la planta, dado que el decreto sobre las ocupaciones “es muy claro en cuanto a la diferenciación entre una ocupación y un control obrero”. El secretario de Estado afirmó, además, que esa normativa “nunca ha sido cuestionada por el movimiento sindical” de ese país. Para la Uaoegas, el ‘control obrero’ se justificaba en este caso porque “hay sobradas pruebas de que Petrobras se quiere retirar de la concesión” y el servicio “va a quedar destruido”, según explicitó el sindicato en declaraciones públicas.
La normativa uruguaya sobre las ocupaciones de lugares de trabajo fue varias veces cuestionada por las cámaras empresariales de ese país, que suelen recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que las medidas no deben impedir que los trabajadores no huelguistas no puedan acceder a los puestos de trabajo. De todos modos, en su publicación ‘Principios de la OIT sobre el derecho de huelga’, la entidad internacional aclara que para su Comisión de Expertos sobre el tema “sería preferible que la imposición de restricciones a los piquetes de huelga y a la ocupación de los lugares de trabajo se limitaran a los casos en que estas acciones dejen de ser pacíficas”. Las discusiones y cuestionamientos continuarán exponiéndose mientras las secuelas de la huelga de hambre comienzan a hacer mella en los obreros que, aunque lleguen a controlar la planta, no disponen de los recursos y el know how para ponerla en funcionamiento. Se espera en consecuencia que vengan inversores yanquis, que seguramente acabarán siendo tan vaciadores y delincuentes como los brasileños que dieron origen a un conflicto gasífero de proporciones.